Conflictos actuales de residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires
Los residentes y concurrentes que formamos parte del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires atravesamos un período de movilización y reclamos históricos por mejoras salariales y de las condiciones laborales, y de políticas de salud inclusivas. Para entender un poco más nuestra actual situación, tal vez convenga ofrecer algunas definiciones y antecedentes.
La residencia es un sistema de formación de posgrado de excelencia, reconocido y aplicado local e internacionalmente, mediante el cual los profesionales “aprenden haciendo” supervisados por otros de mayor experiencia (en contraposición al período de la facultad, durante la cual el gran énfasis en lo teórico y en un modelo de enseñanza enciclopedista genera un aislamiento del alumno de las realidades asistenciales y sociales). Este aprender haciendo –junto con la formación teórica que también se lleva a cabo- es el que le da a un residente el doble carácter de trabajador y estudiante, ya que realiza una formación de posgrado pero al mismo tiempo cumple una función asistencial con horario laboral, obra social, ART, jubilación, etc. La carga del trabajo total que es realizada por los residentes en el sistema público de salud es considerable; prácticamente, los hospitales públicos no podrían funcionar sin residentes. A esto se le asocia que en muchas instituciones, los profesionales de planta dejan todo el trabajo para los residentes y en algunos casos ni siquiera aportan la supervisión necesaria para la formación del joven profesional.
Debe destacarse que un minimo porcentaje de los profesionales que se reciben acceden a una residencia (a la cual se ingresa mediante un examen), por lo tanto la mayoria restante practica su disciplina en condiciones de formación que muchos valorarían como insuficiente, lo cual representa una de las tantas grietas del sistema de salud en nuestro país. Si bien existen otras fuentes de formación de posgrado, la calidad del aprendizaje durante los 3-4 años de residencia continua siendo superior y en este sentido, gozando del mayor prestigio.
Por otro lado, existe la figura del concurrente, que en la teoría realizaría menos horas de trabajo que un residente (aunque en la práctica esto no sea así en la mayoría de los casos) y que legalmente, ya desde la misma definición de “concurrente”, NO recibe salario por su trabajo, ni obra social, ni ART. Se entiende entonces que esta condición obliga al concurrente a la necesidad de buscar un empleo remunerado que satisfaga sus necesidades economicas a la vaz que lo convierte en… La concurrencia es elegida (en la mayoría de los casos) por aquellos que no alcanzaron el puntaje necesario en el examen común para acceder a un puesto de residente.
Consideramos que la figura del concurrente es una de las forma de mayor precarización laboral, ya que los concurrentes suelen trabajar igual cantidad de horas que los residentes, pero no gozan de los derechos mínimos de un trabajador ya mencionados. Tampoco tienen derecho a cosas tan básicas como la comida diaria que se ofrece a los residentes en las instituciones, y para colmo se les exige que paguen un seguro obligatorio (no así a los residentes), con lo cual se los reconoce como trabajadores para que paguen, pero no para el resto de las consideraciones. Si la residencia es considerada “mano de obra barata”, la concurrencia es directamente “mano de obra gratis” (o esclava).
Volviendo a lo anteriormente expresado que prácticamente los hospitales públicos no podrían funcionar sin residentes, sin concurrentes se puede afirmar que muchos servicios de los hospitales públicos deberían cerrar.
En el argumento esgrimido por las autoridades de que “aun en esas condiciones, los residentes/concurrentes se benefician ya que reciben formación de especialistas” está enmarcada en una concepción de sistema de salud librado a las leyes del mercado, y no a una planificación por parte del Estado de políticas de salud y formación de recurso humano orientadas a garantizar el derecho constitucional a la salud en forma gratuita. En este contexto, se destaca que luego de terminar la residencia/concurrencia, la enorme mayoría de los profesionales son expulsados del sistema público, que forma recurso humano para que luego trabaje en empresas de medicina prepaga u obras sociales, que se benefician gratuitamente de la inversión realizada por el Estado en la formación de estos profesionales (tanto en la facultad como en la residencia).
Es necesario destacar que no sólo existen residencias y concurrencias médicas, sino que este sistema se extendió a enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, bioquímicos, farmaceutas, trabajadores sociales y otras especialidades que forman parte del equipo de salud.
Con respecto a las condiciones laborales, si bien existe una gran heterogeneidad entre las distintas residencias y entre las distintas instituciones (ej. no trabajan en iguales condiciones un psicólogo del Hospital Borda, que un ginecólogo del Rivadavia, que otro ginecólogo del Fernández), existen algunos denominadores comunes que conviene mencionar. Si bien se considera que la realización de guardias es parte de la formación, existe un máximo estipulado por ley de 36 horas de guardia por semana, con un descanso obligatorio luego de 24 hs de guardia. No sólo se viola el máximo de horas semanales de guardia (frecuentemente los residentes del primer año hacen 3 guardias semanales de 24hs), sino que NO SE RESPETA el descanso posguardia en prácticamente NINGUNA institución. Es decir, luego de haber estado 24 horas seguidas trabajando (en algunos países existe la tendencia a no realizar más guardias de 24 hs, sino a fragmentarlas) el residente o concurrente SIGUE TRABAJANDO como si se tratara de un día habitual, llegando a las 36-48 horas de trabajo ininterrumpido. Esto genera un deterioro notorio en la calidad de la atención (considérese además el caso de los residentes de especialidades quirúrgicas), agotamiento extremo y alteraciones significativas en la esfera personal y social de los profesionales en formación.
La cultura del “deber ser médico”, la naturalización histórica de las condiciones extremas en las que los residentes trabajan, el hecho de que los médicos difícilmente se ven a sí mismos como trabajadores y la observación de que los residentes que sufrieron la brutalidad del sistema tienden a reproducirlo posteriormente, hacen que la lucha por la desnaturalización de esta realidad sea bastante reciente y que de manera muy incipiente se empiecen a ver algunos frutos.
En resumen, los actuales reclamos de los residentes y concurrentes, incluyen:
-Mejoras salariales para los residentes ya que debido al contrato de exclusividad existente esta es nuestra única fuente de ingresos.
-Transformación de las vacantes de concurrencias en residencias, hecho consumado el la practica por la existencia de las ‘‘concurrencias con regimen de residencia’’
-Respeto a las leyes vigentes que establecen el descanso luego de 24hs de guardia y un máximo semanal de 36hs de guardia semanal.
-Habilitación de cargos en el sistema público de salud para poder dar continuidad a los profesionales que terminan las residencias, beneficiando al sistema con la formación recibida y haciendo que no haya sobrecarga en unos pocos.
-Rechazo a las políticas de reducción de presupuesto y falta de insumos en las instituciones públicas de salud.
viernes, 26 de febrero de 2010
martes, 16 de febrero de 2010
jueves, 11 de febrero de 2010
Columna Colectiva: Proyecto 7
Alicia de la ONG Proyecto 7 nos cuenta, en su columna mensual obre la nueva Ley de Protección y Restitución de Derechos a las Personas en Situación de Calle, que su organización impulsa junto con otros organismos y movimientosjueves, 4 de febrero de 2010
La Alameda Denuncia la red de prostíbulos en Mar del Plata
La investigación sobre la red de prostíbulos revela la protección policial y una interna judicial
Cuando se destapó la olla en Mar del Plata
Los 94 prostíbulos ya habían sido denunciados ante la Justicia en repetidas ocasiones, pero las causas no habían avanzado. Un fiscal investiga la protección policial. Una familia que controlaba un prostíbulo fue detenida, pero el local sigue abierto.
Por Carlos Rodríguez
Cuando se destapó la olla en Mar del Plata
Los 94 prostíbulos ya habían sido denunciados ante la Justicia en repetidas ocasiones, pero las causas no habían avanzado. Un fiscal investiga la protección policial. Una familia que controlaba un prostíbulo fue detenida, pero el local sigue abierto.
Por Carlos Rodríguez
Desde Mar del Plata
Mientras avanza la investigación judicial sobre la red de casi un centenar de prostíbulos marplatenses denunciada por La Alameda , la causa, publicada por Página/12, destapó la olla: no fue ésta la primera vez que la Justicia en Mar del Plata tomaba contacto con una presentación semejante. Los 94 prostíbulos que integran la red ya habían sido denunciados ante los tribunales federales de esta ciudad, pero sus causas se cocían a fuego lento sin que avanzaran o directamente derivaban al archivo. La denuncia desenmascaró el negocio policial y sus protecciones necesarias para el funcionamiento de semejante red, con prostíbulos que abren sus puertas a escasos metros del centro, o de otros que siguen funcionando pese a que sus dueños se encuentran detenidos por orden judicial. Por si faltara algo, se disparó una polémica judicial, entre fiscales que pretenden la clausura de los locales denunciados y jueces que sostienen que “no se puede hacer nada porque en Mar del Plata ser proxeneta no es delito”. Según estimaciones, el negocio que sigue funcionando a la luz del día bordea el millón y medio de dólares al mes.
El material aportado ahora, que incluye filmaciones con cámara oculta con el testimonio de mujeres que son víctimas de explotación sexual, aporta pruebas testimoniales de importancia que darán lugar a la adopción de medidas judiciales en los próximos días. Se cree que el negocio de la prostitución mueve, en Mar del Plata, cerca de 5,5 millones de pesos por mes en temporada alta (ver nota aparte). En un solo diario local se publican en un mes unos 12 mil avisos promocionando “privados” donde se estima que trabajan cerca de cuatro mil mujeres. Esto supone, para los proxenetas que lucran con la actividad, una inversión de seis mil pesos diarios. “Si pueden gastar 180 mil pesos por mes sólo en publicidad, es fácil deducir que es millonario el monto de las ganancias de una actividad que no paga impuestos, más allá de las coimas a funcionarios policiales”, comentó a Página/12 una fuente cercana a la investigación.
En una causa que fue elevada a juicio oral por las actividades clandestinas descubiertas en un “privado” de Alvarado 301, donde hay varios civiles procesados, el fiscal Andrés Guillermo Perés pidió que se forme una causa por separado para investigar la actuación policial. Se dejó sentado en el pedido de elevación a juicio que de las escuchas telefónicas y de los informes aportados “se desprende la posible comisión de delitos de acción pública, en la que podrían estar involucrados funcionarios policiales, tanto provinciales como federales, quienes exigirían sumas de dinero o ‘servicios’ sexuales gratuitos” para hacer la vista gorda. Por eso, el fiscal consideró que “corresponde obtener copias certificadas de las piezas procesales” reunidas en el expediente a los fines de abrir causas específicas para indagar sobre la corrupción policial.
En una de las causas que ya estaban avanzadas, próximas al juicio oral, como ya informó Página/12, uno de los imputados, con prisión preventiva, es el policía René Obdulio Villagra, junto con su esposa, Liliana Rosa Medina. Los dos están detenidos. Los integrantes del matrimonio son considerados los dueños del prostíbulo ubicado en Berutti 3574, mientras que Marcela Lucero está libre aunque imputada como “partícipe necesaria” de la explotación sexual de un grupo de mujeres, la mayoría de ellas traídas al país desde Paraguay. La pareja está acusada de “haber facilitado y promovido el ingreso y permanencia ilegal de las mujeres” en la Argentina “con el fin de someterlas al ejercicio de la prostitución, para su beneficio y con habitualidad”.
En el auto de procesamiento, el juez federal Rodolfo Antonio Pradas sostuvo que Villagra y su esposa eran quienes tenían “un sentido de autoridad respecto de las víctimas”. En el local de la calle Berutti se secuestraron “un cuaderno con tapa azul con puntos blancos, uno de tapa color rojo marca América y otro de tapa verde con espiral con anotaciones de nombres, días, horas, cantidad de servicios que prestaban cada una de las señoritas, el valor de los mismos, como así también cuatro cajas de preservativos marca Exotic completas y una de ellas posee, adherido a su tapa –con cinta de embalaje– un candado marca Macao con una llave, la cantidad de preservativos marca Exotic, tres prótesis peneanas de látex y prendas de ropa interior que se hallaban distribuidos en distintas habitaciones del domicilio allanado”.
El juez consideró probado que el matrimonio es responsable del reclutamiento de mujeres “mediante abuso de su situación de vulnerabilidad y con la finalidad de someterlas al ejercicio de la prostitución y de aprovecharse del comercio sexual”, tal como se desprende de los datos aportados por las víctimas, además de la prueba documental reunida. Una mujer llamada Gloria, que está como imputada en otra causa por el funcionamiento de un prostíbulo en la calle Alvarado 301, había trabajado antes en el local de la calle Berutti 3574, del que decidió irse junto con una amiga por el maltrato que recibían.
“En el lugar no las dejaban salir ni llamar por teléfono, ni dormir, porque cuando se acostaban las levantaban y las mandaban a sacarse fotos en contra de su voluntad y las mandaban a Internet”, relató la amiga de Gloria. Sobre el policía Villagra, la mujer declaró que “se enojaba con él porque las trataba mal, no las dejaba salir al centro, no retiraba las fotos de Internet que la dicente no quería que salieran porque su familia no sabía el trabajo que ella hacía” en la Argentina. En las fotos que publicaban en la web les ponían nombres de fantasía. “La dicente aparecía con el nombre ‘Rubí’ y después, cuando los clientes venían y pedían por ella, aparecía otra chica que no era la dicente.”
A todas las chicas “las tenían encerradas, dormían en un dormitorio con una cama cucheta para todas” y por esa razón “se turnaban para dormir y el baño era compartido por los clientes y por las chicas”. Las chicas tenían que pagar diez pesos por día para dormir y muchas aceptaban eso porque “no podrían pagar un alquiler en otro lugar”. Las testigos aseguraron que luego de la detención de Villagra y su esposa, el prostíbulo siguió abierto. Las que se pusieron al frente fueron las hijas de Liliana Rosa Medina, a las que identifican como Romina y Angie. En el allanamiento realizado en la calle Berutti se comprobó que era Medina la que retenía los documentos de todas las chicas extranjeras. La mujer admitió en ese momento que era “la encargada del lugar”. En su testimonio, algunas de las víctimas, a pesar de todo, dijeron que les parecía “injusta” la detención que sufre Medina.
El repaso de las principales causas por prostitución en Mar del Plata arroja como resultado que, por lo general, se trata de un negocio “familiar”, no porque la actividad que desarrollen esté dirigida a la familia sino porque los responsables pertenecen a un mismo clan. Tal el caso del policía René Obdulio Villagra y su mujer, Liliana Rosa Medina. Una vez que ambos son detenidos, las encargadas del comercio sexual pasaron a ser las hijas de Medina, Romina y Angie, pero no son la excepción, sino más bien la regla.
En La Casita Azul , que sigue funcionando como si nada en 20 de Septiembre 57, los que están detenidos, con prisión domiciliaria, son Graciela Carabajal y su hijo Cristian Nazar. En la misma investigación están prófugos Eduardo Muelas, quien sería el concubino de Carabajal, y su hermano Marcelo Luciano Muelas, mencionado como uno de los encargados de “vigilar” a las chicas para que cumplieran al pie de la letra los mandatos de su cuñada Carabajal. Por último, en el caso del prostíbulo de Alvarado 301, los detenidos son Raúl Andrés, un no vidente, y Gloria Raquel, su compañera en la explotación de un comercio ilegal y en la vida.
El material aportado ahora, que incluye filmaciones con cámara oculta con el testimonio de mujeres que son víctimas de explotación sexual, aporta pruebas testimoniales de importancia que darán lugar a la adopción de medidas judiciales en los próximos días. Se cree que el negocio de la prostitución mueve, en Mar del Plata, cerca de 5,5 millones de pesos por mes en temporada alta (ver nota aparte). En un solo diario local se publican en un mes unos 12 mil avisos promocionando “privados” donde se estima que trabajan cerca de cuatro mil mujeres. Esto supone, para los proxenetas que lucran con la actividad, una inversión de seis mil pesos diarios. “Si pueden gastar 180 mil pesos por mes sólo en publicidad, es fácil deducir que es millonario el monto de las ganancias de una actividad que no paga impuestos, más allá de las coimas a funcionarios policiales”, comentó a Página/12 una fuente cercana a la investigación.
En una causa que fue elevada a juicio oral por las actividades clandestinas descubiertas en un “privado” de Alvarado 301, donde hay varios civiles procesados, el fiscal Andrés Guillermo Perés pidió que se forme una causa por separado para investigar la actuación policial. Se dejó sentado en el pedido de elevación a juicio que de las escuchas telefónicas y de los informes aportados “se desprende la posible comisión de delitos de acción pública, en la que podrían estar involucrados funcionarios policiales, tanto provinciales como federales, quienes exigirían sumas de dinero o ‘servicios’ sexuales gratuitos” para hacer la vista gorda. Por eso, el fiscal consideró que “corresponde obtener copias certificadas de las piezas procesales” reunidas en el expediente a los fines de abrir causas específicas para indagar sobre la corrupción policial.
En una de las causas que ya estaban avanzadas, próximas al juicio oral, como ya informó Página/12, uno de los imputados, con prisión preventiva, es el policía René Obdulio Villagra, junto con su esposa, Liliana Rosa Medina. Los dos están detenidos. Los integrantes del matrimonio son considerados los dueños del prostíbulo ubicado en Berutti 3574, mientras que Marcela Lucero está libre aunque imputada como “partícipe necesaria” de la explotación sexual de un grupo de mujeres, la mayoría de ellas traídas al país desde Paraguay. La pareja está acusada de “haber facilitado y promovido el ingreso y permanencia ilegal de las mujeres” en la Argentina “con el fin de someterlas al ejercicio de la prostitución, para su beneficio y con habitualidad”.
En el auto de procesamiento, el juez federal Rodolfo Antonio Pradas sostuvo que Villagra y su esposa eran quienes tenían “un sentido de autoridad respecto de las víctimas”. En el local de la calle Berutti se secuestraron “un cuaderno con tapa azul con puntos blancos, uno de tapa color rojo marca América y otro de tapa verde con espiral con anotaciones de nombres, días, horas, cantidad de servicios que prestaban cada una de las señoritas, el valor de los mismos, como así también cuatro cajas de preservativos marca Exotic completas y una de ellas posee, adherido a su tapa –con cinta de embalaje– un candado marca Macao con una llave, la cantidad de preservativos marca Exotic, tres prótesis peneanas de látex y prendas de ropa interior que se hallaban distribuidos en distintas habitaciones del domicilio allanado”.
El juez consideró probado que el matrimonio es responsable del reclutamiento de mujeres “mediante abuso de su situación de vulnerabilidad y con la finalidad de someterlas al ejercicio de la prostitución y de aprovecharse del comercio sexual”, tal como se desprende de los datos aportados por las víctimas, además de la prueba documental reunida. Una mujer llamada Gloria, que está como imputada en otra causa por el funcionamiento de un prostíbulo en la calle Alvarado 301, había trabajado antes en el local de la calle Berutti 3574, del que decidió irse junto con una amiga por el maltrato que recibían.
“En el lugar no las dejaban salir ni llamar por teléfono, ni dormir, porque cuando se acostaban las levantaban y las mandaban a sacarse fotos en contra de su voluntad y las mandaban a Internet”, relató la amiga de Gloria. Sobre el policía Villagra, la mujer declaró que “se enojaba con él porque las trataba mal, no las dejaba salir al centro, no retiraba las fotos de Internet que la dicente no quería que salieran porque su familia no sabía el trabajo que ella hacía” en la Argentina. En las fotos que publicaban en la web les ponían nombres de fantasía. “La dicente aparecía con el nombre ‘Rubí’ y después, cuando los clientes venían y pedían por ella, aparecía otra chica que no era la dicente.”
A todas las chicas “las tenían encerradas, dormían en un dormitorio con una cama cucheta para todas” y por esa razón “se turnaban para dormir y el baño era compartido por los clientes y por las chicas”. Las chicas tenían que pagar diez pesos por día para dormir y muchas aceptaban eso porque “no podrían pagar un alquiler en otro lugar”. Las testigos aseguraron que luego de la detención de Villagra y su esposa, el prostíbulo siguió abierto. Las que se pusieron al frente fueron las hijas de Liliana Rosa Medina, a las que identifican como Romina y Angie. En el allanamiento realizado en la calle Berutti se comprobó que era Medina la que retenía los documentos de todas las chicas extranjeras. La mujer admitió en ese momento que era “la encargada del lugar”. En su testimonio, algunas de las víctimas, a pesar de todo, dijeron que les parecía “injusta” la detención que sufre Medina.
El repaso de las principales causas por prostitución en Mar del Plata arroja como resultado que, por lo general, se trata de un negocio “familiar”, no porque la actividad que desarrollen esté dirigida a la familia sino porque los responsables pertenecen a un mismo clan. Tal el caso del policía René Obdulio Villagra y su mujer, Liliana Rosa Medina. Una vez que ambos son detenidos, las encargadas del comercio sexual pasaron a ser las hijas de Medina, Romina y Angie, pero no son la excepción, sino más bien la regla.
En La Casita Azul , que sigue funcionando como si nada en 20 de Septiembre 57, los que están detenidos, con prisión domiciliaria, son Graciela Carabajal y su hijo Cristian Nazar. En la misma investigación están prófugos Eduardo Muelas, quien sería el concubino de Carabajal, y su hermano Marcelo Luciano Muelas, mencionado como uno de los encargados de “vigilar” a las chicas para que cumplieran al pie de la letra los mandatos de su cuñada Carabajal. Por último, en el caso del prostíbulo de Alvarado 301, los detenidos son Raúl Andrés, un no vidente, y Gloria Raquel, su compañera en la explotación de un comercio ilegal y en la vida.
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